Resumen: Repetición de juicio oral tras la anulación de sentencia anterior. Conocimiento de que el dinero que manejaba el compañero sentimental de la acusada procedía de la actividad de éste contra la salud pública y que era consciente de que sólo podía proceder de esa actividad. Carencia de fuente de ingresos proveniente de actividad lícita. Delito de blanqueo de capitales al consentir figurar como dueña, en los registros públicos que correspondieran, y en actuar como adquirente en los actos y contratos de adquisición de ciertos bienes muebles e inmuebles, consciente de la procedencia del dinero de adquisición.
Resumen: El investigado impugna el Auto que acuerda mantener su prisión provisional alegando que las diligencias de investigación no corroboren su participación en los hechos, considerando que los hechos que se le atribuyen no son sino meras sospechas o hipótesis, al desconocer el apelante que los vehículos que alquilaba eran utilizados con fines ilícitos por el resto de investigados, sin que se haya encontrado en su poder sustancia estupefaciente, no existiendo riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia a la vista del arraigo que tiene y su estado de salud, no existiendo tampoco peligro de reincidencia. La Audiencia tras poner de manifiesto que la prisión provisional tanto en su adopción como en su mantenimiento, ha de ser concebida como una medida estrictamente necesaria, de aplicación subsidiaria, provisional y proporcionada a los fines que, constitucionalmente, la justifican y delimitan cuales son, asegurar la presencia del investigado cuando pueda inferirse riesgo de fuga y evitar que pueda atentar contra bienes jurídicos de la víctima, desestima el recurso. Concurren indicios objetivos que incriminan al apelante en la participación de un delito contra la salud pública y en un delito de pertenencia a grupo u organización criminal. Subsiste el riesgo de fuga y el peligro de reiteración delictiva sin que las circunstancias invocadas sean suficientes para disminuirlo pues, ni su estado de salud ni su arraigo eliminan el riesgo de fuga, existiendo peligro de reincidencia.
Resumen: Revisión de sentencias firmes como consecuencia de una legislación posterior más favorable. Las reglas contenidas en disposiciones transitorias del CP 1995 que puedan servir de guía interpretativa o aplicarse analógicamente en su vertiente procesal, o para colmar lagunas, no operarán, salvo previsión expresa, si arrojan resultados contra reo que no se derivan del art. 2.2 CP. Es contrario a la legalidad aplicar analógicamente una disposición in malam partem que no se promulgó para la situación abordada: en este caso una reforma penal efectuada en 2022 en una ley que solo contiene una disposición transitoria que para nada afecta a su contenido penal; y es contrario a la gramática entender que el art. 2.2 CP dice que solo son revisables las condenas que exceden del máximo imponible con arreglo a la nueva legalidad. Individualización penológica. Es competencia del Tribunal de instancia y, con otros condicionantes del de apelación. En casación no cabe revisar esa cuantificación más que cuando la motivación contradice los criterios ligada o es arbitraria. Es su último reducto de discrecionalidad ha de respetarse la decisión de los Tribunales superiores. Aplicación íntegra de la legislación más favorable, sin que puede prescindirse de algunas de sus previsiones gravosas para el penado. En la operación de acomodación a la legislación más favorable no rige el principio acusatorio.
Resumen: Se confirma la existencia de indicios objetivos que justificaron la autorización de las escuchas telefónicas. La mera posesión de una cantidad tal elevada de dinero, que supera los 800.000 euros, no es constitutiva de delito alguno; si bien, tal dato, como objetivo que es, integra un indicio que puede ser valorado para acordar la medida de intervención telefónica que se cuestiona, máxime cuando conforme a reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda, integra uno de los principales indicios a valorar para determinar la existencia del delito de blanqueo de capitales. En el caso, este indicio se valoró en unión de otros datos claramente reveladores de la procedencia ilícita de tan importante suma de dinero. Asimismo, se avala la condena de uno de los recurrentes por un delito de atentado, rechazando el alegato por el que sostenía que su intención no era acometer al agente, sino huir. Debe distinguirse entre lo que es el dolo del autor (la realización de la conducta típica de manera consciente y voluntaria), como es dirigir bruscamente el vehículo contra un agente, que diferencia del móvil o finalidad que guía esa acción. También se confirma la existencia de un delito de conducción temeraria, que no se ve desvirtuada por el hecho de que los agentes disparasen. Los disparos fueron posteriores a que el acusado emprendiera su huida, de modo que no son los disparos lo que provocó la huida, sino a la inversa.
Resumen: En el delito contra la seguridad del tráfico por conducción sin el permiso habilitante no estamos ante una conducta punible cimentada sobre un injusto meramente formal derivado de una infracción administrativa, sino ante la protección de la seguridad del tráfico vial mediante conductas que suponen la creación de un riesgo indudable, aunque de características abstractas y no concretas, para la seguridad vial. Se trata de garantizar la aptitud de los conductores para manejar vehículos y la idoneidad de éstos para circular con el mínimo riesgo posible. Necesidad de que el conocimiento de la pérdida de vigencia del permiso de conducir quede fehacientemente acreditado en el seno del procedimiento penal, sin que la corrección administrativa del proceso de notificación constituya una presunción iuris et de iure de tal conocimiento. La concurrencia del elemento subjetivo del tipo en el caso presente se deduce, no por la notificación edictal de la resolución administrativa dictada en su día, sino por el hecho de que con posterioridad al dictado de la resolución y de su notificación por edictos, el acusado tuvo pleno conocimiento de la pérdida de vigencia de su carnet de conducir por las diversas sanciones administrativa que por tal hecho se le impusieron. Se aprecian dilaciones indebidas por la duración injustificada y excesiva del procedimiento por más de 7 años. Cómputo de los plazos de cancelación de antecedentes penales a efectos de la agravante de reincidencia.
Resumen: Si una resolución se halla suficientemente fundamentada es admisible la motivación de la sentencia de alzada por remisión a la de instancia, siempre que con ello no se conculque el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sin que ello comporte, indudablemente, la exigencia de determinada extensión en la resolución ni una respuesta pormenorizada a todos y cada uno de los argumentos de las partes. Se admite incluso que determinadas pretensiones puedan considerarse implícitamente rechazadas a la vista del conjunto de los fundamentos de la sentencia de que se trate. Se desestima la alegación de dilaciones indebidas por la duración del procedimiento superior a 22 meses, debido a que dichos retrasos fueron imputables a aplazamientos sucesivos del juicio a petición del acusado y su letrado. Reducción a la mínima extensión de la pena de privación del derecho a conducir por falta de motivación de su imposición en la instancia en una extensión mayor a dicho mínimo.
Resumen: Sólo cabe revisar la apreciación hecha por el juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio no sólo será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a, las inducciones y deducciones realizadas por el juez a quo, de acuerdo con las reglas de la lógica, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos por el juzgado. Ni la sala de apelación ni el juzgado de lo penal tienen competencias para revisar la legalidad del expediente administrativo y resolución dictada por la Jefatura provincial de Tráfico, por la cual declaraba la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir de la que era titular el recurrente.
Resumen: Organización dedicada a la introducción de cocaína y hachís en Europa y su distribución posterior. Corrupción a guardias civiles encargados de supervisar y dirigir la entrada de la droga por el puerto de Algeciras. Conformidad de varios de los acusados, acompañada de prueba documental, prueba testifical, los resultados de las entradas y registros, y la localización de sustancias estupefacientes debidamente analizadas mediante dictámenes periciales. Actuación de agentes encubiertos realizada con todas las garantías. Intervención de comunicaciones: resoluciones judiciales de autorización de intervención que contienen una motivación detallada acerca del cumplimiento de los principios de especialidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Instalación de dispositivos de geolocalización y sonorización de los vehículos realizada cumpliendo los requisitos legales. Delito de pertenencia a organización criminal. Delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidades de notoria importancia y extrema gravedad, cometidos por personas pertenecientes a organización criminal. Delito de tenencia ilícita de armas de fuego. Delito continuado de falsificación de documentos de identidad . Atenuante analógica de confesión tardía. Atenuante de drogadicción inaplicable.
Resumen: Extensión de la responsabilidad civil por el perjuicio (lucro cesante) del tiempo en que el perjudicado estuvo privado del vehículo de su propiedad. Cuantía que se integra por el coste del alquiler de otro vehículo durante una parte de ese tiempo y, en el resto, a razón de euros por día. La privación del uso de su vehículo permite presumir un perjuicio, al tratarse de un bien de uso cotidiano y básico, para trabajar, para actividades familiares, personales y de ocio. No se puede exigir que la perjudicada tenga que soportar esa privación, sino que, al contrario, el principio de íntegra reparación del daño impone su inclusión. Sin que sea preciso acreditar una necesidad de uso estrictamente profesional, al tratarse actualmente de un bien básico o de uso cotidiano cuya privación de uso ya presupone un perjuicio evidente para su titular. En todo caso, se excluiría esa indemnización si la parte demandada acreditase el carácter absolutamente innecesario, fraudulento o abusivo del alquiler.
Resumen: Se anula la sentencia de instancia que absolvió al acusado en base a la falta de acreditación de que fuera él quien conducía el vehículo. Tras revisar el resultado de la prueba practicada en la instancia, el tribunal de apelación argumenta que el que nadie viera al acusado conducir es evidente, pero ello no significa que, ante tal falta de prueba directa, no pueda dictarse un pronunciamiento de condena en atención a los indicios existentes facilitados por la testifical de los agentes actuantes, de los que resulta que la posibilidad de que otra persona ocupara el vehículo se presenta como remota o absolutamente inverosímil.
